TOOLKIT PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

TOOLKIT PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La contratación pública es un instrumento para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Las directivas sobre contratación pública adoptadas en 2014 proporcionan un conjunto de instrumentos que permite realizar un uso más eficiente y estratégico de la contratación pública. Para ello, es necesario garantizar la aplicación eficiente de las normas de contratación pública en todos los niveles, para sacar el máximo partido de este instrumento esencial para las inversiones europeas y nacionales.

Es necesario pues garantizar el uso más eficiente de los fondos públicos y los compradores públicos necesitan estar en condiciones de contratar de acuerdo con las normas más exigentes de profesionalidad.

Es así como la Comisión Europea ha entendido el objetivo de la profesionalización de la contratación pública, poniendo el enfoque en los recursos humanos con el fin de mejorar la formación y la gestión de la carrera de los profesionales en materia de contratación, ya que la contratación pública constituye uno de los ámbitos vertebrales de la actuación administrativa (sino el principal), representando un porcentaje muy destacado del presupuesto de las distintas Administraciones Públicas o poderes adjudicadores.

La Ley de Contratos del Sector Público de 2017, incorporando la nueva generación de Directivas europeas sobre la materia, obliga a ampliar la profesionalización en esta materia, resultando trascendental en este sentido conocer muy bien cuáles son las reglas, normas, trámites y el procedimiento que rige el funcionamiento de la contratación pública.

Aquellas personas implicadas en la contratación de bienes, servicios y obras, desde los distintos perfiles de actuación en la materia, deben disponer de las cualificaciones, formación, capacidades y experiencia adecuadas necesarias para su nivel de responsabilidad. Esto implica garantizar la existencia de personal con experiencia, capacitado y motivado, la necesidad de ofrecer la formación y desarrollo profesional continuo necesarios, así como desarrollar una estructura de la carrera profesional e incentivos que hagan atractiva la función de la contratación pública y motiven a los empleados públicos a lograr resultados estratégicos.

Lo anterior se debe unir a la necesidad de proporcionar herramientas y metodologías de apoyo de la práctica profesional en el ámbito de la contratación, entre las que figuran directrices, códigos éticos, instrucciones, diagramas, esquemas de pasos a seguir, manuales, plantillas y herramientas de cooperación, con la formación, apoyo y experiencia, agregación de conocimientos e intercambio de buenas prácticas correspondientes.

El resultado debería ser elaborar una política para la profesionalización a fin de aumentar el perfil, influencia, impacto y reputación de la contratación pública en la consecución de objetivos públicos.

No me canso de repetir este mensaje allí donde voy y a quienes me preguntan, pero nuestra mentalidad sigue siendo la del “parche”, la del remedio casero, la de solventar los problemas burocráticos, administrativos y muchas veces nimios del día a día, sin ver más allá y sin tener tiempo para levantar la cabeza y realizar tareas que supongan verdaderamente un valor añadido. Parezca que nos encontremos sumergidos en lo frondoso de la selva, sin tener la capacidad de subirnos al punto más alto para encontrar la salida, de ese modo todo nuestro esfuerzo se centra en abrirnos paso, poco a poco, a machetazos, en lo denso del follaje, tal cual fuera impenetrable y no hubiera una salida natural.

Esta excesiva, en mi opinión, falta de protocolización, organización, planificación (profesionalización) hacen que en muchas ocasiones el o la jurista ya no ejerza de jurista, el o la arquitecto ya no ejerza de tal, el o la economista tampoco y así sucesivamente, porque todos están en un sin vivir burocrático absurdo fruto de una falta de metodología, de una falta de normalización administrativa interna, de una falta de protocolización del trabajo interno, de una falta de organización y de un liderazgo sabio y fuerte que tenga la capacidad de tomar decisiones que cambien el modelo de trabajo.

Es una realidad creo que imperante. Salvo honrosas excepciones que son capaces de salir de la selva administrativa enmarañada en la que se encuentran para subirse al punto más alto desde el que otear la mejor y más rápidas de las salidas a esa selva.

La LCSP es una norma muy compleja, extensa y difícil, no nos engañemos. Pero hay herramientas, curiosamente herramientas que están a disposición de quien las quiera, hablo de:

• La licitación electrónica (lógica y profesionalizada)
• Las instrucciones o circulares sobre la contratación menor y mayor, sobre la utilización de la contratación de manera estratégica, social, medioambiental e innovadora, que fijen una organización interna obligatoria, para corregir todos los desajustes internos en la actividad diaria.
• Herramientas como diagramas de flujos y esquemas de pasos a seguir, para que todas las unidades administrativas afectadas por la aplicación de la nueva norma (prácticamente diría que todas las de cualquier organización) sepan qué tienen entre manos y que ¡les incumbe! Son a priori y a la postre los protagonistas.
• La imprescindible normalización de los documentos. Es decir, la creación de plantillas y modelos.
• La existencia de códigos éticos o de buenas prácticas en materia de contratación.
• La posibilidad de cursar itinerarios formativos que apuesten por una verdadera profesionalización de la contratación administrativa, donde las Escuelas de Administración Pública y las Diputaciones Provinciales deben poner énfasis.

Todas ellas son herramientas que existen, pero es preciso dotarse de una CAJA  DE HERRAMIENTAS propia. La rueda está inventada y sí, muchas veces está también en el mercado, al que diariamente se acude a contratar muchos otros productos, servicios y obras. Una pequeña inversión puede suponer un gran beneficio, también económico. No es necesario que cada cual invente su propia rueda… Aunque esa es otra característica muy nuestra, de nuestro sistema de contratación que daría como poco para otras tantas líneas.

Seamos pragmáticos o es que ¿no se entiende o no se quiere entender que la contratación administrativa puede llegar a suponer un importante porcentaje del presupuesto público (hasta un 50%)? ¿No se entiende o no se quiere entender que la contratación administrativa supone la principal forma de actuación administrativa? ¿No se entiende o no se quiere entender que si no gestionamos esta normativa de manera perfecta y al unísono en nuestras organizaciones los problemas administrativos serán cotidianos? ¿No se entiende o no se quiere entender que con este volumen de actividad y presupuestario la licitación electrónica es el buque insignia de la administración electrónica? ¿No se entiende o no se quiere entender… Cuál es nuestro problema? Me atrevo a dar un diagnóstico: una clara falta de protocolización de la organización interna y una importante falta de visión colectiva de la contratación pública como estrategia de actividad administrativa.

La Ley supone un nuevo sistema de contratación pública, que empieza por la obligatoriedad de planificar, de ahí en adelante… Si no se afronta este nuevo sistema en las organizaciones también desde una perspectiva que suponga un cambio de visión, las disfuncionalidades y los problemas de ayer, que sigo comprobando que son los de hoy, serán también los de mañana.

Una pérdida de eficacia, de eficiencia, de recursos, de energías, de gasto público y de un largo etc. que resulta a todas luces inadmisible para los contribuyentes y para las propias organizaciones y empleados y empleadas de las mismas.

Diría que mucha suerte, pero creo que más que suerte, hace falta voluntad, inteligencia y visión, mucha visión… y de paso: dotarse de una caja de herramientas que permita la profesionalización de la compra pública.

Pero… quién debe o puede proveer de ese Toolkit de la Contratación Pública, pues sin lugar a dudas el Estado, con toda una suerte de Gobernanza de la contratación pública que ayude en la profesionalización del Sector Público y, por ende, del Sector Privado a través de la exigencia rigorista de los principios y procedimientos de compra pública.

Es pues ésta una labor importante, que sin ser titánica requiere de visión, previsión, planificación y, como no, de ponerse manos a la obra, más que nunca ahora, momento en el Costa Rica está en un importante proceso constituyente de una nueva Ley de contratos para las adquisiciones públicas, que marcará su avance y desarrollo como país y sociedad durante el próximo decenio, porque dado que nunca debemos olvidar la importancia económica (PIB), social (afecta a toda la población) y medioambiental (teniendo presente disminuir el impacto ambiental negativo y el ciclo de vida de los productos) de la contratación pública, tampoco se debe perder en estos momentos la ocasión de adelantarse con planificación y actuaciones concretas a los desajustes que si no se prevén con antelación traerá la aplicación práctica del nuevo texto normativo costarricense en materia de contratos públicos.

Dr. Jaime Pintos Santiago

Doctor en Derecho. Abogado experto en contratación pública, Socio-Director de la firma Jaime Pintos Abogados & Consultores. Profesor Acreditado de Derecho Administrativo en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Director del Título Universitario de Especialista en Contratos Públicos. Director del Título Propio de Experto en Gestión de los Fondos de Recuperación Europeos “Next Generation EU”. Director del Título Propio de Experto en Contratación Pública Comparada en Derecho de la UE, español y dominicano. Director del Grupo de Investigación Contratación Pública e-stratégica i-ntegral y de la Cátedra del mismo nombre. Coordinador Nacional en España de la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP). Miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPD). Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA). Funcionario de carrera en excedencia de los cuatro Cuerpos o Escalas de la Función Pública.